Amnistía Internacional condena la ejecución en Japón de dos presos

«La pena de muerte es un castigo cruel que afecta a la dignidad de los seres humanos», afirma


Amnistía Internacional (AI) condenó la ejecución en Japón de dos presos y criticó al Gobierno nipón por la elevada frecuencia de ejecuciones en el único país industrializado que junto a EEUU aplica la pena de muerte.

«Este ritmo tan rápido de ejecuciones choca con las constantes peticiones de la comunidad internacional para que se lleve a cabo la abolición de la pena de muerte en Japón», indicó Amnistía Internacional en un comunicado.


Hasta el momento, ocho reos han sido ajusticiados en cuatro rondas de ejecuciones desde el pasado diciembre, cuando llegó al Gobierno el Partido Liberal Demócrata (PLD).

Además, la organización humanitaria denunció la gran «diferencia» de tiempo que ha pasado en el corredor de la muerte cada uno de los presos ejecutados, algo que decide el Ministerio de Justicia.

Mientras que el preso Ryoji Kagayama, ajusticiado en Osaka, pasó un año y medio en el corredor de la muerte, Mitsuo Fujishima, ahorcado en Tokio, ha estado 18 años a la espera de su ejecución.


La ley nipona establece que se ejecute a los condenados en el mayor de los secretos, sin testigos, sin aviso previo a los reos y solo se comunica a la opinión pública una vez que han sido ajusticiados.

«No se puede permitir que no se revele el proceso en el que una nación le quita la vida a un ciudadano, ya que se limita el derecho a la información de los ciudadanos», apuntó Hideki Wakabayashi portavoz de Amnistía en Japón.


La organización internacional considera que el Gobierno se apoya en el amplio apoyo del pueblo japonés a esta medida para justificarla -un 85 por ciento de los nipones según los sondeos-, pero cree que la opinión de los ciudadanos «cambiará» cuando conozcan cómo se desarrolla el proceso y cómo se decide la ejecución.

«La pena de muerte viola el derecho a la vida y es un castigo cruel que afecta a la dignidad de los seres humanos», manifestó en comunicado AI.

La organización recordó además que Japón es un país que ratificó el tratado internacional de Derechos Humanos y, por eso, tiene la responsabilidad de desarrollar un sistema jurídico acorde con él.

Por ello, solicitó al Gobierno de Japón que introduzca una «moratoria» a la pena de muerte como un primer paso para la abolición y así poder fomentar un debate dentro la sociedad nipona. (EFE)

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