El expresidente de Perú Alejandro Toledo apeló hoy por medio de su abogado, Heriberto Benítez, la orden judicial para que sea detenido y encarcelado de manera preliminar por 18 meses, por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Benítez solicitó a la Sala Penal de Apelaciones revocar la prisión preventiva decretada el pasado jueves por el juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, para que a cambio se le aplique una comparecencia simple mientras dure la investigación.
A la salida de los juzgados, el letrado aseguró que conoce el paradero de Toledo pero que no lo revelará porque es parte de su derecho a la defensa y para evitar así que pueda ser localizado y capturado.
Reiteró su posición a que el expresidente permanezca fuera de Perú hasta que no se resuelva en un plazo de unos quince días la apelación, ya que considera que no existen garantías suficientes para que afronte un proceso justo.
«Lo dicho por el juez no es suficiente para una prisión preventiva, pero fue anunciado casi como una sentencia anticipada, y el tratamiento que se le dio al expresidente posteriormente es el de un condenado con sentencia firme», advirtió.
Benítez denunció que existe una interferencia política en el proceso porque el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió la deportación de Toledo a su homólogo estadounidense, Donald Trump.
El abogado agregó que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ofreció una recompensa de 100.000 soles (unos 33.000 dólares) a quien ayude a capturar a Toledo, sin esperar a que se haya resuelto su recurso.
El letrado también lamentó que el fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez, adelantara que tramitará una extradición cuando Toledo sea detenido.
Toledo se encuentra supuestamente en Estados Unidos, donde residente habitualmente y ejerce de investigador visitante en la Universidad de Stanford, pero el Gobierno peruano teme que pueda refugiarse en otro país en el que sea más difícil lograr su deportación o su extradición.
A Toledo la Fiscalía de Perú le imputa los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht por valor de 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). (EFE)
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